En líneas generales y sin temor a equívocos, puede afirmarse que la ley 24.424 ha tenido, dentro del ámbito particular de la delincuencia relacionada con estupefacientes, repercusiones en nuestro derecho penal de similar magnitud que la ley 24.316 introductoria del instituto de la suspensión del juicio a prueba en el código penal